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El Constitucional cierra el caso SeriesYonkis y confirma la absolución
El Tribunal Constitucional ha resuelto, de manera unánime, dar punto final al polémico (por no decir vergonzoso) caso SeriesYonkis, al confirmar la absolución de sus administradores, tras 16 años de persecución judicial y recursos legales presentados por la industria audiovisual. La resolución llega después de que la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) presentara un recurso para revertir las sentencias absolutorias previas, como la de 2019 y también la de 2021. Sin embargo, el Constitucional ha ratificado la inocencia de los administradores, cerrando uno de los procesos más largos y discutidos desde que Internet llegara a España, y que llevó a que SeriesYonkis fuera considerada, durante años, símbolo de la libertad en Internet.
Fundada en 2007 por el estudiante de ingeniería Alberto García Sola, SeriesYonkis ofrecía enlaces externos a series y películas, con los que sus usuarios podían acceder a contenido audiovisual. Este servicio, en su momento legal, respondía a una fuerte demanda de los usuarios de Internet, que buscaban acceder a contenido de forma libre y sin restricciones. La popularidad de SeriesYonkis creció rápidamente, consolidándose como uno de los principales sitios en España para ver contenido online, lo que provocó una virulenta reacción de la industria del entretenimiento. En 2008, la plataforma recibió su primera denuncia, pero la legislación de ese momento no contemplaba los enlaces a contenidos como una infracción directa, algo que la industria intentó argumentar durante años en los tribunales.
Anticipando un cambio en la legislación, García Sola vendió la web en 2011 a la empresa Burn Media SL, en un intento de separar la plataforma de futuras restricciones legales. Ese mismo año se aprobó la Ley Sinde, que fortaleció las herramientas de bloqueo y cierre de sitios que facilitaban acceso a contenido protegido. Aun así, SeriesYonkis y sus responsables se mantuvieron en el punto de mira, a pesar de no alojar contenido ilegal. Finalmente, en 2014, la plataforma cerró voluntariamente y retiró todos los enlaces, dejando claro que respondía a la presión legal, pero el proceso judicial continuó, impulsado por una industria que buscaba establecer un castigo ejemplar.
En 2019, los tribunales absolvieron a los cuatro responsables de SeriesYonkis, al considerar que, en su época, la actividad de la web no constituía delito. Esta resolución fue ratificada en 2021, aunque la industria audiovisual recurrió nuevamente la decisión, solicitando la aplicación retroactiva de la normativa actual a hechos pasados. La obstinación en perseguir a los responsables de SeriesYonkis evidencia el interés de la industria en evitar cualquier precedente favorable a la libertad de los usuarios en internet, aunque para ello se requiriese reinterpretar normas y principios legales fundamentales.
En marzo de 2024, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el último recurso de la industria, algo que algunos interpretaron como una concesión a las fuertes presiones del sector. Sin embargo, el fallo final del Constitucional, publicado ahora, confirma la absolución de los acusados, reconociendo que no se puede penalizar lo que en su momento operaba dentro de la ley. Esta sentencia establece un precedente en la defensa de los derechos digitales y rechaza la aplicación retroactiva de normas que, en su día, no existían.
El caso SeriesYonkis evidencia cómo los cambios tecnológicos exigen una adaptación del marco legal, en lugar de una persecución retroactiva. La plataforma y su largo proceso judicial representan, para muchos, la pugna entre los intereses de una industria por mantener modelos tradicionales y la necesidad de reconocer nuevas formas de acceso en un entorno digital cambiante. Aunque la web cerró hace una década, el fallo final del Constitucional ofrece un cierre simbólico, resaltando la importancia de una legislación que respete los derechos de los usuarios y avance con los tiempos.
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