El derecho a reparar smartphones, tablets y portátiles será posible en Europa en 2021

La Comisión Europea ha establecido un plan para avanzar hacia el ‘derecho a reparar‘. Un derecho, sí, pero que hoy es imposible de ejercer por la manera en la que trabaja la industria actual y la obsolescencia tecnológica programada que practica de manera general y que obliga a acumular más y más cacharros aumentando la basura tecnológica cuando se podría aumentar su vida útil muy fácilmente.

La UE ha adoptado un nuevo Plan de Acción de Economía Circular como una de las fórmulas para cumplir los objetivos de crecimiento sostenible prometidos en el Acuerdo Verde Europeo. Entre otras cuestiones, el plan introduce un proyecto de ley de «derecho a reparar» que obligará a los fabricantes a crear productos que duren más y puedan reciclarse o repararse fácilmente. La Comisión Europea espera que esta nueva norma abarque teléfonos móviles, tablets y computadoras portátiles, y esté activa en 2021.

Derecho a reparar

«El modelo de crecimiento lineal de ‘tomar, hacer, usar y descartar’ ha alcanzado sus límites. Con el crecimiento de la población mundial y el consumo, este modelo lineal nos empuja cada vez más cerca de una crisis de recursos. El único camino a seguir es desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos primarios y sus impactos ambientales», ha declarado la comisaria de medio ambiente europea, Virginijus Sinkevičius.

La «economía circular» será el nuevo modelo económico del continente. Además, subrayó que sin este modelo económico, la UE no podrá alcanzar su objetivo de cero emisiones para 2050, insistió Sinkevičius.

La nueva ley prescribirá un diseño ecológico para computadoras portátiles, teléfonos y tabletas y establecerá ciertas normas técnicas en relación con las piezas reparables y reemplazables. Es esencialmente una extensión de la ley de diseño ecológico que la UE introdujo por primera vez en octubre del año pasado para electrodomésticos. La ley exige que las empresas proporcionen piezas de repuesto para sus electrodomésticos por hasta 10 años. El proyecto de ley de «derecho a reparar» para teléfonos inteligentes y computadoras portátiles no exige dicho plazo, pero impulsa el diseño sostenible.

En términos generales, la norma quiere restringir los productos de un solo uso, abordar la «obsolescencia prematura» y prohibir la destrucción de bienes duraderos no vendidos, para que los productos sostenibles se conviertan en norma. Al extender la vida útil de los productos, a través de medidas que afecten al diseño y la producción para alentar la reparación, reutilización y reciclaje, el impulso de la política tiene como objetivo reducir el uso de recursos y reducir el impacto ambiental de comprar y vender productos electrónicos.

La Comisión también quiere proporcionar a los consumidores de la UE información confiable sobre reparabilidad y durabilidad, para que puedan elegir productos más ecológicos. El sector de la electrónica y las TIC serán un área prioritaria de implementación del derecho a reparar a través de la expansión planificada de la Directiva de Ecodiseño, que actualmente establece estándares de eficiencia energética para máquinas como lavadoras. La Comisión también está planeando medidas reglamentarias específicas sobre cargadores para teléfonos móviles. Otro disparate que hace años debería estar resuelto y que se mantiene por motivos comerciales. 

El proyecto de Ley también incluye un «derecho a actualizar software obsoleto». La ley no menciona cómo las empresas deben implementarlo. En este momento, los usuarios no pueden actualizar (de manera sencilla) ya que equipos como smartphones se envían con el gestor de arranque bloqueado. Los OEM podrían implementar una actualización de software para desbloquear el gestor de arranque de sus dispositivos una vez que lleguen al final de su vida útil. Esto permitiría a los usuarios actualizar manualmente el «software obsoleto» en sus dispositivos, ampliando así su vida útil. Tal y como hacemos con las ROM alternativas.

Obsolescencia tecnológica programada

Que un aparato electrónico de cualquier tipo “no dura tanto como antes” es algo palpable para cualquier consumidor. Curiosamente, cuando menos duran los productos es cuando tenemos mayor capacidad tecnológica para fabricar productos de larga vida útil, un buen número de servicios de mantenimiento oficiales y de terceros y muchos usuarios con ganas de reparar/actualizar sus equipos.

La obsolescencia tecnológica (y la de otros segmentos de consumo) puede presentarse de distintas maneras, sea “percibida, especulativa, psicológica/social o planificada/programada“. Esta última es la más preocupante ya que refiere una técnica por la que un fabricante estudia y calcula un tiempo de vida limitado de un producto electrónico o componente y lo desarrolla bajo ese parámetro temporal.

Cuando se cumple el plazo, el equipo cae en desuso al mostrar un rendimiento insuficiente en comparación con los modelos actuales o lo que es peor, el equipo se avería y el gran coste de la reparación o la imposibilidad de hacerlo, obliga a comprar uno nuevo. En definitiva, el producto electrónico queda obsoleto, no funcional, inútil o inservible en un tiempo determinado por el fabricante. El objetivo no es otro que vender nuevos modelos y seguir la cadena.

Una “técnica” inmoral e ilegal pero que algunos fabricantes practican, provocando además de un gasto innecesario, un gravísimo problema de basura electrónica y de tratamiento de recursos. Obviamente, no toda la obsolescencia es planificada porque la gran velocidad en el desarrollo de nuevas tecnologías incide en una obsolescencia sobrevenida.

No solo los fabricantes son responsables de esta situación porque los usuarios “entramos al trapo” en demasiadas ocasiones. El marketing cuenta y mucho. Cuestiones de moda, de estilo, de “tener lo último”, promovido en feroces campañas publicitarias animan a un constante cambio de productos. Los teléfonos móviles inteligentes son un claro ejemplo, con pocos o ningún cambio significativo de hardware en generaciones, pero cuyos cambios, en ocasiones meramente cosméticos, se venden como “últimas novedades tecnológicas”.

Varios fabricantes han sufrido condenas por utilizar este tipo de obsolescencia tecnológica programada. Apple perdió un juicio contra los consumidores en Estados Unidos porque se llegó a demostrar que la batería del reproductor multimedia iPod estaba programada para durar exactamente 18 meses. Como era de esperar la sustitución costaba un gran porcentaje de su precio de venta. Se pueden contar casos de todo tipo, desde pantallas de visualización que palidecen; memorias que presentan errores aleatorios; bisagras de portátiles que se parten; procesadores que reducen su rendimiento; fuentes de alimentación que no cargan… Y todo ello en un tiempo determinado, sospechosamente similar según modelo.

Estas prácticas de obsolescencia programada están conectadas con la imposibilidad de ejercer el derecho a reparar. Un derecho que quiere impulsar la Comisión Europea y que va a obligar a cambios profundos en la industria actual. Todo ello no debe limitar las posibilidades de negocio para el fabricante y canal tecnológico, porque se pueden cobrar ampliaciones del periodo legal de garantías, mantenimientos, actualizaciones de software y todo tipo de servicios manteniendo el hardware o facilitando la actualización progresiva de componentes.

Los usuarios también podemos poner de nuestra parte, haciendo uso de un consumo responsable a medida de nuestras necesidades.