¿Recuerdas la Ley Sinde? Ya no hacen falta jueces para cerrar webs en España

El Pleno del Congreso español ha aprobado con los votos de PSOE-PP y Ciudadanos la Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual con una consecuencia que no debe pasar desapercibida para ningún internauta: ya no hacen falta jueces para cerrar webs en España.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual incorpora al ordenamiento jurídico español normativa comunitaria para armonizar las nacionales de los Estados miembros que regulan las entidades de gestión. El objetivo es «fortalecer su transparencia y gobernanza y la gestión de los derechos de propiedad intelectual, para lo que se dota de nuevos instrumentos para mejorar el control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de dicha entidad».

Son varios (y en este caso positivos) los cambios que establece la normativa para regular el funcionamiento de las entidades de gestión y evitar los desmanes que hemos visto en el pasado de organizaciones como la SGAE. Se introducen novedades en la recaudación de derechos; se establece la obligación de elaborar un informe anual de transparencia; se introduce un mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas; se regulan las entidades de gestión colectiva o se les obliga a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de un repertorio.

Cerrar webs en España ya no tiene garantías judiciales

La polémica del nuevo texto llega con las «medidas para luchar contra la piratería», entre otras la posibilidad de cerrar páginas web que incumplan la ley de propiedad intelectual de manera grave y reiterada, sin necesidad de autorización judicial.

De esta manera, se amplían las consecuencias de la conocida como ‘Ley Sinde‘ endureciendo el planteamiento inicial que exigía la aprobación por un juez del cierre de páginas webs en España. Una vez aprobado el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, entraré en vigor cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y perderemos las garantías del estamento judicial frente a una sección segunda de tipo administrativo creada por la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Es decir, bajo el control del gobierno de turno.

Organizaciones como la Asociación de Internautas consideran la reforma como una ofensiva contra las libertades fundamentales en Internet. Y espera que hay más. Al cierre de páginas webs sin autorización judicial se unirá próximamente la nueva Directiva de Copyright europea considerada como un sistema de control y censura opuesto a la estructura abierta, igualitaria y libre de la Red de redes.

Académicos, investigadores, Decenas de personas relevantes en el ámbito tecnológico, desde el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y el pionero de Internet, Vinton Cerf, han protestado contra la nueva normativa que aún se negocia en Europa y qu con la redacción actual es una amenaza a la libertad en línea imponiendo nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web, además de imponer un ‘impuesto al enlace’ o acabar con los ‘memes’.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información tiene en marcha varias iniciativas contras estas normas. Sus argumentos son contundentes:

• El borrado de contenidos de Internet tiene que estar siempre supervisado por un juez. Frente a la censura de las máquinas queremos justicia humana.
• La nueva directiva de copyright supone un riesgo para derechos fundamentales como la libertad de expresión o la de información.
• La dictadura del copyright se ejerce con máquinas. La libertad de expresión necesita jueces humanos.
• La libertad no cabe en un meme, pero sin memes no hay libertad.

La pelea contra la Directiva de Copyright europea se está centralizando en Save our Internet.