YouTube contra la Directiva de Copyright europea: «es una amenaza contra miles de empleos»

La nueva Directiva de Copyright europea «es una amenaza para cientos de miles de empleos, creadores europeos, empresas, artistas y todos aquellos a quienes dan empleo», asegura la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, en una entrada en el blog oficial en la que pide a los creadores actuar contra esta normativa.

YouTube es una más de las plataformas que están advirtiendo contra una normativa de derechos de autor que puede acabar con la Internet que conocemos. La misma Wikipedia cerró un día el pasado verano como protesta ante lo que consideró un sistema de control y censura opuesto a la estructura abierta, igualitaria y libre de la Red de redes. Académicos, investigadores, Decenas de personas relevantes en el ámbito tecnológico, desde el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y el pionero de Internet, Vinton Cerf, han protestado contra la nueva norma.

La CEO de YouTube explica que con la propuesta actual y los artículos más polémicos, 11 y 13, su portal de vídeos estaría forzado a descartar una gran cantidad de contenido «permitiendo únicamente el de un pequeño número de grandes empresas». Wojcicki aclara que es «imposible» cumplir algunos de los términos de la norma porque implicaría «tener abogados que aprueben cada vídeo antes de que se publique». Teniendo en cuenta que al portal de vídeos se suben más de 400 horas de contenido por minuto, no hay plataforma que pueda soportarlo.

La consecuencia es que «esta legislación significa una amenaza a vuestra manera de ganaros la vida y a vuestra capacidad de compartir vuestra voz con el resto del mundo», recalca la ejecutiva, apelando a los creadores de contenido de la plataforma para que tomen la iniciativa en la protesta usando el hashtag #SaveYourInternet.

Cómo afecta la directiva de Copyright europea

La aprobación final de la directiva se producirá en enero en el Parlamento Europeo y con la redacción actual aprobada el pasado septiembre es una amenaza a la libertad en línea imponiendo nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web.

Para el estricto cumplimiento del copyright que exige la norma, plataformas como YouTube o Facebook tendrán que implementar sistemas automatizados que ejercerán de censura previa, prohibiendo, por ejemplo, los memes, las remezclas y otros contenidos generados por los propios usuarios. La medida afectaría a grandes plataformas y también a Pymes que ofrecen servicios on-line para subir imágenes, vídeos y texto.

También afectaría negativamente a todo el ecosistema de código abierto porque el control previo de la norma incluye a las plataformas de almacenamiento de código, repositorios como GitHub que son esenciales para el desarrollo de software. Ello plantea serios problemas a nivel de privacidad, con la libertad de expresión y de efectividad por los posibles falsos positivos. La medida afectaría seriamente a los desarrolladores y podría hacer que la Unión Europea quede tecnológicamente atrasada, algo que repercutiría de forma negativa en la economía al penalizar los nuevos modelos frente a otros que están mostrando resistencia a los cambios.

Otro asunto polémico y cambiará el ecosistema de medios digitales europeos es el denominado “impuesto por enlazar”, “impuesto al enlace” o “link tax”, que implicaría que plataformas como Facebook, Google o Twitter pagar licencias a los medios de comunicación si quieren permitir que los usuarios enlacen sus publicaciones. Acciones como compartir un enlace en redes sociales, encontrar resultados desde un buscador o registrarse en un sitio web serán mucho más complicados, dejando a los usuarios europeos en desequilibrio respecto a otras zonas del mundo.

Se impone una profunda revisión del articulado y la eliminación de los artículos 11 y 13 para equilibrar la protección de la propiedad intelectual con toda la problemática que traería la aprobación de la redacción actual. Y la preservación del dominio público, algo que a los legisladores europeos parece importar bien poco. Veremos si hay cambios y la votación final en enero.