Sony a un paso de cerrar la polémica supresión de Linux en PS3

Seguro que muchos de nuestros lectores recordarán toda la polémica que se generó en su momento con la decisión de Sony de eliminar la posibilidad de instalar Linux en PS3, una característica que resultaba atractiva para una parte de sus usuarios ya que tenía mucho potencial.

Sin embargo el uso que algunos hicieron de la opción de instalar Linux en PS3 no gustó a la compañía nipona, quien escudándose en «razones de seguridad» decidió de forma unilateral acabar con dicha función en 2010, un movimiento que le costó enfrentar una demanda colectiva y un complicado proceso judicial que por fin está un poco más cerca de llegar a su fin.

Según podemos leer Sony ha propuesto un acuerdo que en caso de recibir la preceptiva aprobación judicial supondría un punto y final a toda esta historia. Os dejamos un resumen con sus puntos más importantes:

• Tenemos un requisito temporal y geográfico, ya que sólo podrán acceder a una indemnización todos los compradores estadounidenses que se hubieran hecho con una PS3 versión Fat entre el 1 de noviembre de 2006 y el 1 de abril de 2010. El cumplimiento de éste primer requisito es obviamente imprescindible y actúa como elemento excluyente.
• En segundo lugar se fija otro requisito adicional de tipo material, que a su vez divide la indemnización en dos tipos. La primera consistirá en el pago de 55 dólares a cada afectado, siempre que acredite debidamente la compra de la consola dentro del plazo señalado y pruebe además que utilizaron de verdad la opción de «instalar otros sistemas operativos». Si no se llegó a usar dicha función pero se compró la consola por el valor añadido que suponía la misma recibirá 9 dólares en lugar de 55 dólares.

No sabemos cuánto dinero le acabará costando este acuerdo a Sony, pero ya se habla de varios millones de dólares. Por otro lado hay que tener en cuenta que a ello hay que sumar la condena en costas a la compañía nipona que recoge dicho acuerdo, en virtud del cual tendrá que pagar unos 2,25 millones de euros en honorarios a los abogados que iniciaron la demanda colectiva y que participaron en el proceso.

Más información: Arstechnica.