Hacking policial y uso de troyanos ¿es lícito?

La policía española podrá inundar la Red de troyanos en investigación de delitos, si se aprueba un borrador del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia español que propone legalizar estas prácticas.

Algo parecido a lo que pretende la industria del entretenimiento estadounidense legalizando el uso de troyanos (malware) en los equipos informáticos con el fin de combatir la piratería de software. Eso sí, conviene matizar que el uso de estas técnicas en España exigiría permiso judicial previo además de realizarlas los cuerpos de seguridad y no uno de la RIAA.

Por lo que leemos, sería una autorización «a petición razonada” de la fiscalía para “la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador«.

Aunque esta normativa aún no está aprobada y en ocasiones sería un arma útil para combatir la delincuencia, medios como ElPaís que se hacen eco del borrador, estiman que esta norma puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales.

Otros medios, como la firma de seguridad ESET, van bastante más allá y han publicado un artículo explicativo en el que rechazan de plano esta legislación bajo el epígrafe: ‘el fin no justifica los medios’.

Según ESET, el uso (legal) de estos troyanos suponen un delito contra la intimidad personal de los internautas y la vulneración de sus derechos fundamentales como el secreto a las comunicaciones, además de un claro desconocimiento de cómo funciona realmente la seguridad informática.

Como vemos, el equipo del Ministro de Justicia Gallardón ‘sigue haciendo amigos’, aunque a los internautas, poco puede sorprendernos ya después de la propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que contempla la criminalización de los enlaces de descarga de archivos ‘pirata’, limita la copia privada y universaliza el pago del canon digital vía presupuestos generales del estado o tras la petición de seis años de cárcel para los responsables de webs de enlaces o de chips de consolas.