Operación SGAE: Bautista en libertad provisional imputado con cargos que superan los 10 años de prisión

La operación judicial contra la SGAE continua hoy con la declaración del presunto cabecilla de la trama, José Neri y tras la puesta en libertad de otros directivos que ya declararon ante el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso. Mientras, las declaraciones se suceden al mismo ritmo que se extiende el escándalo SGAE.

Tras pasar la noche en distintos calabozos de la Guardia Civil y tomarles declaración, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz encargado de la operación Saga contra la SGAE puso ayer en libertad provisional sin fianza al presidente de la sociedad de autores, Eduardo Bautista, y a otros dos directivos de la misma.

Sin fianza por el arraigo de los imputados y el bajo riesgo de fuga aunque el magistrado les ha retirado el pasaporte y les prohíbe abandonar el país. Además, las imputaciones oficiales son muy graves: apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación, estafa, administración fraudulenta, delitos societarios y blanqueo de capitales. Cargos que podrían conllevar más de diez años de cárcel para los implicados.

Quizá más para el presunto cabecilla de la trama José Neri, director general de la filial digital SDAE, que será interrogado hoy según fuentes judiciales. Los investigadores consideran que Neri desvió miles de euros desde la SDAE hacia empresas privadas de familiares como Microgénesis encargada de la gestión digital de los derechos de autor de los miembros de la SGAE.

Un chiringuito financiero que presuntamente se lo llevó crudo usando nombres simulados y doble contabilidad y cuyas actividades fueron conocidas por la investigación tras la autorización de escuchas telefónicas por la Audiencia Nacional desde abril de 2010 y cuyo titular era Baltasar Garzón.

Las implicaciones del caso no se han hecho esperar y desde la Asociación de Internautas piden la dimisión de la Ministra de Cultura Ángeles González Sinde por no haberse responsabilizado de «auditar y fiscalizar las cuentas» de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ser «juez y parte» en el proceso. Además, la A.I estima que el caso muestra que los internautas no son «los ladrones ni los piratas».

Por su parte, Izquierda Unida también apunta al Ministerio de Cultura señalando que este caso muestra que los derechos de autor deben ser gestionados por organismos públicos, “realmente democráticos y transparentes”. El partido Popular ha ido más lejos y ha vinculado al presidente Zapatero con los detenidos de la SGAE. «Zapatero es amigo íntimo de todos los relacionados y tiene que dar una explicación sobre lo que sabía y lo que no”, ha indicado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Un extremo negado por la presidencia del gobierno y por la Ministra de Cultura que ha solicitado respeto por las actuaciones judiciales demarcándose de la SGAE: «una cosa son los gestores de la sociedad y otra los autores» ha indicado. No ha explicado Sinde, sin embargo, porqué el Ministerio ‘ha mirado para otro lado’ tras la denuncia interpuesta contra la SGAE por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), que han motivado esta investigación y la operación Saga.

Como indican nuestros lectores, tampoco el Partido Popular debería elevar demasiado la voz en este caso, al mantener el canon digital en los gobiernos de Aznar y ser cómplice de la Ley Sinde al votarla positivamente en el Congreso. Rajoy ha prometido eliminar el canon… Veremos si cumple y si las implicaciones de la operación Saga no se extienden antes de la llegada de Zapatero al poder.

En todo caso, este escándalo obliga a reflexionar sobre el obsoleto sistema de propiedad intelectual y la manera de recaudar y repartir los derechos de autor. A pesar de los graves cargos contra Bautista y los actuales gestores de la SGAE no parece que la organización esté en ese camino, reclamando de sus trabajadores ‘normalidad’ e informando de la reelección de Bautista y su grupo al frente de la SGAE. Ciertamente hay que respetar la presunción de inocencia pero parece increible que Bautista pueda seguir al frente de la organización tras la imputación de delitos tan graves en un caso que huele realmente mal.